Regularización extraordinaria 2026: qué es y por qué la aprueba el Gobierno
La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno en 2026 marca un nuevo hito en la política migratoria española. Se trata de una medida de gran alcance social, jurídico y económico cuyo objetivo principal es dar respuesta a la situación administrativa irregular de cientos de miles de personas extranjeras que ya viven y trabajan en España desde hace tiempo. Lejos de ser una decisión improvisada, la regularización se presenta como una actuación excepcional, con plazos definidos y requisitos claros, diseñada para aportar seguridad jurídica, reforzar la integración y ordenar una realidad que ya existe en la sociedad española.
En este artículo analizamos en profundidad qué es la regularización extraordinaria de 2026, por qué se aprueba en este momento, cuál es su encaje legal y qué implicaciones tiene tanto para las personas migrantes como para el conjunto del país.
¿Qué es la regularización extraordinaria de 2026?
La regularización extraordinaria es un procedimiento administrativo que permite a determinadas personas extranjeras en situación irregular obtener una autorización de residencia en España, con habilitación automática para trabajar. A diferencia de las vías ordinarias de extranjería —como el arraigo social, laboral o familiar—, este proceso tiene un carácter excepcional y está limitado en el tiempo.
La autorización concedida tendrá una vigencia inicial de un año y permitirá trabajar desde el primer día en cualquier sector y en todo el territorio nacional. Transcurrido ese periodo, las personas regularizadas deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, facilitando así una integración progresiva y estable en el sistema.
El Gobierno estima que este proceso podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas, una cifra coherente con precedentes históricos y con la dimensión real de la irregularidad administrativa existente en España.
Una respuesta a una realidad social ya existente
Uno de los argumentos centrales del Ejecutivo es que la regularización no crea una nueva realidad, sino que reconoce una situación que ya existe desde hace años. Miles de personas extranjeras viven en España, forman parte de barrios y comunidades, trabajan —en muchos casos en condiciones de informalidad— y contribuyen activamente a la economía y a la vida social del país.
La irregularidad administrativa no implica ausencia de arraigo social o laboral. Por el contrario, muchas de las personas afectadas llevan años en España, tienen vínculos familiares, hijos escolarizados y desempeñan trabajos esenciales en sectores como la agricultura, los cuidados, la hostelería o la construcción.
La regularización extraordinaria busca, precisamente, poner fin a esa contradicción entre la realidad social y la situación administrativa, garantizando derechos y deberes en igualdad de condiciones.
¿Por qué el Gobierno aprueba la regularización ahora?
La decisión de impulsar la regularización extraordinaria en 2026 responde a una combinación de factores políticos, sociales y jurídicos.
En primer lugar, existe una urgencia social ampliamente reconocida. La situación de irregularidad administrativa genera precariedad, explotación laboral, inseguridad jurídica y exclusión, no solo para las personas afectadas, sino también para el conjunto del sistema.
En segundo lugar, la medida recoge el espíritu de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas y por una amplísima mayoría del Congreso de los Diputados. Aunque la tramitación parlamentaria de dicha iniciativa ha permanecido bloqueada durante meses, el Gobierno ha optado por la vía reglamentaria como el mecanismo más rápido y eficaz para dar una respuesta inmediata.
Según el Ejecutivo, esta decisión no sustituye el debate democrático ni el papel del Parlamento, sino que se enmarca plenamente en el marco constitucional y es compatible con el proceso legislativo en curso.
Encaje legal: una medida plenamente conforme al marco jurídico
La regularización extraordinaria se articula mediante un Real Decreto, lo que garantiza su legalidad y seguridad jurídica. El Gobierno subraya que esta vía es plenamente conforme con el ordenamiento jurídico español y europeo, y que se trata de una práctica consolidada en la gestión migratoria.
Desde finales de los años 80, España ha aprobado varios procesos de regularización extraordinaria, impulsados por gobiernos de distinto signo político. Entre 1986 y 2005 se llevaron a cabo al menos seis regularizaciones, algunas de ellas de gran alcance, como la de 2005, que permitió regularizar a más de 576.000 personas.
Además, a nivel europeo, más de 40 procesos similares se han desarrollado desde los años 90, incluidos casos recientes en países como Italia y Portugal.
Relación con el nuevo Reglamento de Extranjería
La regularización extraordinaria de 2026 no sustituye ni contradice el Reglamento de Extranjería, sino que lo complementa. La reforma del reglamento aprobada en 2025 establece un marco estructural orientado a la gestión ordenada de la migración a medio y largo plazo, pero no puede resolver automáticamente situaciones de irregularidad acumuladas durante más de una década.
En este sentido, la regularización actúa sobre el “stock heredado” de personas en situación irregular, permitiendo “poner el contador a cero” y facilitando que el nuevo modelo funcione de forma eficaz, sin reproducir dinámicas de exclusión.
Los datos disponibles avalan esta estrategia combinada. En pocos meses, el nuevo reglamento ha incrementado notablemente el número de expedientes resueltos y ha reforzado las vías legales de acceso y permanencia.
Requisitos claros y plazos definidos
Uno de los elementos clave del proceso es la definición de requisitos objetivos y plazos cerrados, lo que refuerza la seguridad jurídica y evita incertidumbres.
Entre los requisitos principales se encuentran:
- Acreditar una permanencia continuada en España de al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.
- En el caso de solicitantes de protección internacional, haber presentado la solicitud antes de esa fecha.
- Carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público.
El proceso de solicitud se abrirá previsiblemente a principios de abril de 2026 y permanecerá activo hasta el 30 de junio de 2026. Además, el diseño administrativo busca reducir barreras burocráticas y acortar los plazos de tramitación.
Impacto laboral y económico
Desde el punto de vista laboral, la regularización extraordinaria tiene un impacto directo e inmediato. La autorización de residencia habilita automáticamente para trabajar en cualquier sector y en todo el territorio nacional, eliminando trabas tanto para las personas trabajadoras como para los empleadores.
Esto permite aflorar empleo sumergido, mejorar las condiciones laborales, aumentar la cotización a la Seguridad Social y reforzar la recaudación fiscal. Los datos de los últimos años muestran que la población migrante tiene una aportación estructural al mercado de trabajo español y al sostenimiento del sistema de pensiones.
La regularización no crea nuevos empleos de forma artificial, sino que ordena situaciones laborales ya existentes, dotándolas de derechos, estabilidad y seguridad jurídica.
¿Genera efecto llamada?
Uno de los debates recurrentes en torno a las regularizaciones extraordinarias es el denominado “efecto llamada”. Sin embargo, el Gobierno sostiene que no existe tal efecto cuando se establecen fechas de corte claras y plazos cerrados, como ocurre en este caso.
La evidencia empírica muestra que procesos anteriores no provocaron un aumento de la migración irregular. Por el contrario, regularizar reduce el margen de actuación de las mafias y redes de explotación, cuyo negocio se basa precisamente en la irregularidad.
Además, España cuenta actualmente con un sistema de extranjería más moderno, que refuerza las vías legales, seguras y ordenadas de migración.
Una medida con dimensión social y humana
Más allá de los aspectos jurídicos y económicos, la regularización extraordinaria tiene una dimensión profundamente social. Reconoce la dignidad de personas que ya forman parte de la sociedad española y les permite acceder plenamente a derechos fundamentales como la sanidad, la educación o la protección social, asumiendo al mismo tiempo las mismas obligaciones que el resto de la ciudadanía.
El proceso también pone un énfasis especial en la unidad familiar, permitiendo la regularización simultánea de hijos e hijas menores, lo que refuerza la estabilidad y los proyectos de vida a largo plazo.
Conclusión
La regularización extraordinaria de 2026 no es una medida aislada ni improvisada. Forma parte de una estrategia coherente de política migratoria que apuesta por la legalidad, la integración y la convivencia. Al reconocer una realidad social existente, el Gobierno busca fortalecer el Estado de derecho, reducir la precariedad y avanzar hacia una sociedad más justa, cohesionada y con mayores garantías para todas las personas que viven en España.