Requisitos y plazos de la regularización extraordinaria en España: todo lo que debes saber
La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno en 2026 es una de las medidas más relevantes en materia migratoria de los últimos años. Su objetivo es ofrecer una solución administrativa, jurídica y social a cientos de miles de personas extranjeras que ya viven en España pero se encuentran en situación irregular. Para garantizar la seguridad jurídica del proceso, el Ejecutivo ha definido requisitos claros, fechas de corte concretas y plazos cerrados, evitando así la incertidumbre que suele rodear a este tipo de medidas.
Conocer en detalle los requisitos y los plazos es fundamental para entender el alcance real de la regularización, quiénes podrán beneficiarse y cómo se desarrollará el procedimiento. En este artículo explicamos de forma exhaustiva todo lo que debes saber.
Una regularización excepcional con normas claras
A diferencia de otras vías de extranjería, la regularización extraordinaria no es un mecanismo permanente ni automático. Se trata de una medida excepcional, limitada en el tiempo y diseñada para actuar sobre una realidad concreta: la existencia de un elevado número de personas extranjeras que llevan tiempo en España, están integradas social y laboralmente, pero no han podido acceder a las vías ordinarias de regularización.
Precisamente por su carácter excepcional, el Gobierno ha subrayado la importancia de fijar criterios objetivos, evitando discrecionalidad y reforzando la confianza en el sistema. Los requisitos no buscan excluir, sino ordenar el proceso y asegurar que la regularización cumple su función de integración real y efectiva.
Requisito principal: permanencia continuada en España
El requisito central de la regularización extraordinaria es haber permanecido en España de forma continuada durante un periodo mínimo antes de una fecha determinada.
¿Cuál es el periodo exigido?
Las personas solicitantes deberán acreditar que se encontraban en España al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025. Esto significa que la presencia en territorio español debe haberse producido, como mínimo, a finales de julio de 2025.
Este criterio cumple una doble función:
- Garantiza que la medida se dirige a personas que ya vivían en España, y no a quienes lleguen posteriormente.
- Refuerza la seguridad jurídica al establecer una fecha de corte clara, evitando interpretaciones ambiguas.
¿Qué se entiende por permanencia continuada?
La permanencia continuada no exige una situación administrativa regular ni empadronamiento constante, sino la presencia real y efectiva en España. El Gobierno ha señalado que esta circunstancia podrá acreditarse mediante una amplia variedad de documentos, públicos o privados, o una combinación de ambos.
¿Cómo se puede acreditar la estancia en España?
Uno de los elementos más flexibles del proceso es la forma de acreditar la permanencia en el país. El objetivo es no dejar fuera a personas que, pese a vivir en España desde hace tiempo, no han podido acceder a documentos oficiales debido a su situación administrativa.
Entre los documentos que podrían servir como prueba se incluyen:
- Certificados o volantes de empadronamiento.
- Informes de servicios sociales, ONG o entidades de apoyo.
- Documentación médica o educativa.
- Contratos de alquiler, recibos o justificantes de envío de dinero.
- Certificados religiosos, vecinales o de asociaciones.
La posibilidad de combinar documentos públicos y privados es clave para garantizar que el proceso sea accesible y realista, teniendo en cuenta las circunstancias de las personas en situación irregular.
Situación específica de los solicitantes de protección internacional
La regularización extraordinaria contempla un tratamiento específico para las personas solicitantes de protección internacional (asilo), tanto si su solicitud está pendiente como si ha sido denegada.
En estos casos, el requisito principal no es acreditar los cinco meses de permanencia, sino demostrar que la solicitud de protección internacional fue presentada antes del 31 de diciembre de 2025. Esta previsión busca evitar que miles de personas queden atrapadas en un limbo administrativo tras años de espera en el sistema de asilo.
Con esta medida, el Gobierno reconoce una realidad ampliamente documentada: muchas personas solicitantes de protección internacional no pueden acceder a las figuras ordinarias de arraigo mientras su expediente está en trámite o tras una denegación, a pesar de llevar años en España.
Ausencia de antecedentes penales: un requisito imprescindible
Otro de los requisitos indispensables para acceder a la regularización extraordinaria es carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública.
Este criterio es común en la normativa de extranjería y responde a la necesidad de garantizar que la integración se produzca dentro del marco legal. No se trata de una exigencia excepcional, sino de un requisito habitual en cualquier autorización de residencia.
La comprobación de antecedentes refuerza la legitimidad del proceso y contribuye a generar confianza social en la medida.
Autorización de residencia y trabajo: ¿qué se concede exactamente?
Las personas que cumplan los requisitos y obtengan una resolución favorable recibirán una autorización de residencia con habilitación para trabajar.
Duración de la autorización
La autorización tendrá una vigencia inicial de un año. Este periodo está concebido como una fase de transición hacia las figuras ordinarias del sistema de extranjería.
Transcurrido ese año, las personas regularizadas deberán renovar su situación administrativa a través de los mecanismos habituales, como:
- Arraigo social o laboral.
- Autorizaciones por cuenta ajena o propia.
- Otras figuras previstas en el Reglamento de Extranjería.
Trabajo desde el primer día y sin limitaciones territoriales
Uno de los aspectos más relevantes de la regularización es que la autorización concedida habilita automáticamente para trabajar desde el primer día, sin necesidad de trámites adicionales.
Además:
- Permite trabajar en cualquier sector económico.
- Tiene validez en todo el territorio nacional.
Esto elimina barreras administrativas tanto para las personas trabajadoras como para los empleadores, facilita la contratación legal y contribuye a reducir la economía sumergida.
Plazos del proceso de regularización
Los plazos son un elemento clave del diseño de la medida, ya que delimitan claramente su alcance temporal.
Apertura del plazo de solicitudes
El Gobierno prevé que las solicitudes puedan presentarse a principios de abril de 2026, una vez completados los trámites necesarios para la aprobación definitiva del Real Decreto que regula el proceso.
Fecha límite para solicitar la regularización
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 30 de junio de 2026. Una vez superada esa fecha, no será posible acceder a este procedimiento extraordinario.
Este plazo cerrado es fundamental para evitar incertidumbres y reforzar la idea de que se trata de una medida excepcional, no permanente.
Tramitación ágil y reducción de la burocracia
Otro de los objetivos declarados del Gobierno es simplificar el procedimiento y evitar demoras excesivas. El diseño administrativo busca romper con las barreras burocráticas del pasado, que han sido una de las principales críticas al sistema de extranjería.
El plazo máximo de resolución será de tres meses, aunque la admisión a trámite de la solicitud se resolverá en un plazo mucho más breve. En la práctica, esto permitirá que muchas personas puedan empezar a trabajar incluso antes de recibir la resolución definitiva.
Seguridad jurídica para personas trabajadoras y empresas
La definición clara de requisitos y plazos no solo beneficia a las personas solicitantes, sino también a las empresas y al conjunto del sistema económico.
La regularización:
- Aporta seguridad jurídica a los empleadores.
- Reduce el riesgo de sanciones por contratación irregular.
- Favorece la competencia leal entre empresas.
Desde una perspectiva económica, ordenar situaciones laborales ya existentes es más eficiente que mantenerlas en la informalidad.
Una medida pensada para evitar el “efecto llamada”
El establecimiento de fechas de corte y plazos cerrados es también una herramienta para desmontar el argumento del “efecto llamada”. La regularización se dirige exclusivamente a personas que ya estaban en España antes de una fecha concreta, lo que impide que nuevas llegadas puedan beneficiarse del proceso.
La experiencia de regularizaciones anteriores en España y en otros países europeos demuestra que este tipo de medidas no incrementan la migración irregular cuando están bien delimitadas temporalmente.
Conclusión
Los requisitos y plazos de la regularización extraordinaria en España han sido diseñados para ofrecer una respuesta ordenada, garantista y realista a una situación social existente. Al establecer criterios claros, fechas de corte definidas y un procedimiento accesible, el Gobierno busca combinar seguridad jurídica, integración social y eficacia administrativa.
Lejos de ser una medida improvisada, la regularización extraordinaria se presenta como una herramienta excepcional para reforzar el sistema de extranjería, reducir la precariedad y avanzar hacia una integración plena de miles de personas que ya forman parte de la sociedad española.